El acceso a la vivienda es un derecho fundamental y una necesidad básica para cualquier persona. Sin embargo, en los últimos años, tanto en España como en Francia, se ha convertido en un problema cada vez más notable, especialmente para los jóvenes, las familias con bajos ingresos y los colectivos más vulnerables.
Acceso a la vivienda en España
España se caracteriza por una alta tasa de propiedad de la vivienda, superior al 75%. Este dato esconde una realidad compleja, ya que la accesibilidad a la compra de una vivienda se ha visto afectada por el aumento de los precios, debido a la alta demanda y a la poca oferta, especialmente en las grandes ciudades. Esto también limita el acceso a una hipoteca, pues se requiere un mayor ahorro para pagar la entrada y los requisitos del préstamo son más exigentes.
En cuanto al alquiler, la oferta también es insuficiente para satisfacer la demanda, lo que ha provocado un aumento significativo de los precios del alquiler. En España ha aumentado un 4,7% en el último trimestre, según Heraldo. Esta situación afecta sobre todo a las personas más vulnerables, en particular jóvenes y rentas bajas.
Para solucionar esta situación, el gobierno español ha aprobado un Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, que incluye medidas como el aumento de la inversión en vivienda social, fomento del alquiler asequible, ayudas a la compra de vivienda para jóvenes y medidas para agilizar los procesos de construcción de vivienda.
Además, se están implementando nuevas medidas para regular el mercado del alquiler y evitar la especulación, con un aumento de las ayudas para la vivienda a las personas con bajos ingresos.
Acceso a la vivienda en Francia
Francia tiene un modelo de tenencia de la vivienda más mixto que España, con una mayor proporción de viviendas en alquiler, alrededor del 48%. Esto se debe, en parte, a la existencia de un parque público de vivienda social más amplio y desarrollado.
La vivienda en Francia se encuentra en una difícil situación. Según la Fundación Abbé Pierre, en 2023 había 330.000 personas sin hogar en Francia, un 10% más que el año anterior. Además, hay un total de 4,1 millones de personas en situación de precariedad habitacional.
Se estima que actualmente hay más de 2 millones de hogares en espera de una vivienda social. Los tiempos de espera pueden variar según la región, pero en general, pueden ser de hasta 10 años.
A ello se le suma la subida de los precios de la vivienda, especialmente en las zonas urbanas. Este es uno de los motivos que dificulta a las personas con ingresos medios o bajos acceder a la compra de una vivienda. La oferta con precios asequibles no cubre toda la demanda.
El gobierno francés destina millones de euros a su política de vivienda. Destaca la vivienda social y otras medidas para regular el mercado inmobiliario y combatir la especulación como: el aumento de la construcción de viviendas sociales, la renovación del parque de viviendas o la creación de un plan de acción contra la vivienda indigna. También se han aumentado las ayudas para la vivienda a las personas con bajos ingresos.
¿Se puede ser optimista?
Tanto España como Francia enfrentan desafíos similares en cuanto al acceso a la vivienda, como el aumento de los precios, la escasez de vivienda asequible y las dificultades para acceder al crédito hipotecario.
Sin embargo, también emergen tendencias que podrían ser un contrapeso. En concreto, el teletrabajo abre la posibilidad de que las personas consideren mudarse a poblaciones menos densas y con precios más asequibles, aliviando la presión en las grandes ciudades.
Esta tendencia podría verse favorecida por políticas que impulsan el desarrollo rural y mejoran la conectividad a internet en zonas menos pobladas, por ejemplo, los Fondos de Cohesión o el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en España.
Francia, por su parte, cuenta con la Ley de Desarrollo Rural y Territorialidad y el Plan France Très Haut Débit.
También hay que esperar a que los planes que están en curso en cada país terminen para confirmar su efectividad. En España, con el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 se han destinado 400 millones de euros para subvencionar el alquiler a familias con bajos ingresos.
La Ley de Vivienda española, aprobada en 2023, continúa su implementación en 2024 con el desarrollo de normativas como la limitación del precio del alquiler a través del sistema de control de precios en las zonas con alta demanda.
Además, en el mes de abril, el Gobierno español anunció un plan de choque para la vivienda social, con el objetivo de acelerar la construcción de 100.000 nuevas viviendas de alquiler social en los próximos tres años.
Por su parte, Francia también prosigue con medidas que se implementaron el año pasado, como la Estrategia Nacional de Vivienda 2023-2028 cuyo objetivo es aumentar la oferta de vivienda asequible, mejorar la calidad de las viviendas existentes y luchar contra la discriminación en el acceso a la vivienda.
También sigue adelante el Plan National de Renouvellement Urbain (PNRU), un programa gubernamental francés que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida en barrios desfavorecidos mediante la renovación de viviendas, la creación de espacios públicos y la promoción de la cohesión social.